A través de un comunicado, la firma sostuvo que el inmueble “Finca 5603” se encuentra ocupado desde hace aproximadamente 14 años por grupos autodenominados “campesinos sin tierra”, situación que ya fue denunciada y se encuentra en proceso judicial.

En ese contexto, calificó como “particularmente grave” la actuación del Ministerio del Interior, al considerar que se realizó sin conocimiento ni coordinación con la empresa, pese a tratarse de una propiedad privada en litigio.

El pronunciamiento surge luego de que la propia cartera del Interior difundiera en sus redes sociales imágenes y detalles de la actividad comunitaria desarrollada en el lugar, en el marco de sus acciones institucionales.

La compañía afirmó que este accionar vulnera principios del Estado de Derecho, como el respeto a la propiedad privada, la legalidad y la neutralidad estatal en conflictos entre particulares.

Asimismo, advirtió que la presencia de instituciones públicas en el lugar podría interpretarse como una legitimación de ocupaciones irregulares, generando un “mensaje peligroso” para la seguridad jurídica.

Finalmente, Estancia Pindo S.A. exigió explicaciones formales a las autoridades y anunció que se reserva el derecho de impulsar acciones legales para la defensa de sus derechos.