La controversia en torno al contrato de fideicomiso suscrito en 2017 entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El actual presidente de la previsional, doctor Isaías Fretes, validó los resultados de las auditorías internas e institucionales que identifican un pasivo millonario en los proyectos de infraestructura sanitaria. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el fondo de previsión social arrastra compromisos financieros pendientes por valor de G. 126.000 millones para la culminación de infraestructuras críticas.
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El desglose técnico de este pasivo de G. 126.000 millones revela dos frentes principales. Por un lado, unos G. 98.000 millones corresponden a obligaciones pendientes en el Hospital Hemato-Oncológico. Por el otro, los restantes G. 28.000 millones pertenecen a la construcción y equipamiento del Hospital Día/Buongermini. Ambas obras permanecen inconclusas a casi una década de la firma del acuerdo original.
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EL ORIGEN DE LOS FONDOS
La confirmación de esta deuda reactivó el debate público y judicial debido a la magnitud de los recursos que el IPS otorgó originalmente a la entidad bancaria fiduciaria. Los registros de la Dirección de Auditoría Interna de la previsional confirman el desembolso total de G. 828.800 millones a favor de Banco Atlas para el desarrollo, construcción y finalización de cuatro centros asistenciales estratégicos.
Los informes de control sostienen que la entidad fiduciaria liberó los millonarios recursos sin los recaudos exigidos ni las contraprestaciones físicas correspondientes. Asimismo, las investigaciones preliminares que analiza el Ministerio Público apuntan a que una parte mayoritaria del dinero terminó vinculada a destinos operativos ajenos al fin constructivo del fideicomiso original.
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Ante este escenario de presunta dilapidación de fondos de los asegurados, la Asesoría Jurídica del IPS, liderada por el doctor José González, encabeza un paquete de medidas legales. Los dictámenes institucionales prevén la remoción inmediata de Banco Atlas de su rol de administrador fiduciario, además de plantear la nulidad del contrato.
El caso ya cuenta con denuncias formales ante la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Delitos Económicos. Adicionalmente, las autoridades del IPS exigieron a la banca matriz la devolución de intereses millonarios generados en cuentas paralelas creadas supuestamente por el fiduciario sin la autorización del Consejo de Administración. Debido a que la disputa involucra directamente a una entidad financiera regulada, el IPS solicitó formalmente la intervención inspectora del Banco Central del Paraguay (BCP) para evaluar el comportamiento administrativo de la firma privada en el manejo de recursos públicos.