El procedimiento se centra en la inspección de oficinas específicas dentro del complejo corporativo, donde presuntamente operaba una firma de manera irregular.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas.
De acuerdo con las declaraciones del comisario Juan Pereira, de la unidad de Trata de Personas y Terrorismo, aproximadamente 200 personas se encuentran dentro del inmueble al momento del allanamiento.
Las autoridades mantienen el perímetro bajo control para la identificación y registro de todos los presentes, con el objetivo de diferenciar a posibles víctimas de explotación.
El procedimiento se encuentra en pleno desarrollo. Mientras se permite la salida de empleados pertenecientes a firmas ajenas a la causa.