El procedimiento ejecutado por el Departamento de Lucha contra la Trata de Personas de la Policía Nacional sobre la avenida Aviadores del Chaco evidenció cómo operaba la estructura para captar a las presuntas víctimas.
A través del análisis de las denuncias y lo expuesto por el comisario principal Humberto Aquino, el esquema operaba bajo un patrón estructurado en varias etapas consecutivas.
A través de plataformas digitales dirigidas al mercado internacional —tales como Excite y Smart Call— la firma promocionaba vacantes de trabajo atractivas para la captación de inversores y atención telefónica, dirigidas a personas de entre 20 y 50 años residentes en Brasil.
Los postulantes eran trasladados a Paraguay bajo la promesa de una rápida inserción laboral. En las primeras semanas se los mantenía bajo la figura informal de una “pasantía” o prueba técnica, periodo durante el cual no se formalizaba la tramitación de su residencia ni sus permisos de trabajo ante las autoridades migratorias.
Al término del periodo pactado o al momento de exigir la remuneración acordada, los administradores alegaban “inconvenientes administrativos” debidos a la falta de documentos en regla de los trabajadores.
Utilizando como argumento la propia condición de irregularidad migratoria —que la misma empresa propiciaba— se justificaba el no pago o el pago parcial de los salarios. Debido al temor a ser deportados o sancionados por trabajar sin la documentación requerida, las víctimas quedaban en un estado de vulnerabilidad que les impedía denunciar la situación.