La irregularidad se detectó a partir de una auditoría e informe de 72 páginas presentado por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).
De acuerdo con las manifestaciones del fiscal Ortiz a la radio Universo 970/Nación Media, la administración de APA justificó el gasto mediante supuestos pagos a un comercio de barrio denominado “Despensa Gabrielito”, ubicado en la zona de Costa Sosa, Luque. El monto fue desembolsado en dos tandas durante el año 2025 utilizando dinero de fondos sociales e intereses de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) de la institución.
Sin embargo, tras una inspección realizada en el sitio por funcionarios de la DINAPI, la propietaria del local y su cónyuge negaron haber participado de alguna licitación, haber elaborado las canastas o cobrado las sumas de dinero.
Según la investigación, los pagos salieron a nombre de la dueña del comercio, pero el dinero en efectivo fue retirado por una persona de apellido Centeno, quien presentó una autorización extendida con posterioridad a las fechas de los desembolsos.
“Fueron ellos mismos, fueron a comprar en algún lugar con mayoristas y ellos mismos armaron las canastas y el sobrante o el excedente fue la ganancia. En mi hipótesis podemos hacerlo, pero si tiene certeza absoluta es esto que le estoy diciendo”, relató Ortiz.
Ante estos hallazgos, la Fiscalía imputó por lesión de confianza a los directivos David Portillo, Humberto Rojas, Juan Vidal y Walter Cabrera.
Como medida cautelar, el Ministerio Público solicitó al juzgado la prohibición de acercamiento de los imputados a la sede de APA para evitar la obstrucción del proceso, permitiendo así que la vicepresidencia en ejercicio y la comisión directiva faciliten el acceso a la documentación contable y se verifique si existen otros perjuicios económicos o hechos de producción de documentos de contenido falso.