La fiscal de la causa, Patricia Sánchez, calificó la resolución judicial como un logro sin precedentes en el fuero penal, debido a que se trata de la máxima sanción obtenida en el país por un hecho punible contra la prueba documental.

“En lo particular puedo decir que se culmina de manera exitosa, por lo menos esta etapa, la acreditación de unos hechos que son complejos de probar porque es desacreditar documentos que están validados. Acá lo que se cuestionó es la veracidad del contenido de esos documentos que fueron validados, utilizados y surtieron todos los efectos posibles”, sostuvo a radio Ñanduti.

La agente fiscal remarcó la extrema gravedad del comportamiento punible de Rivas, quien logró engañar al sistema administrativo y académico para ocupar puestos de decisión clave en el Estado.

“Es de lo más delicado dentro del sistema de justicia porque permitió que una persona que no cursó la carrera de abogado haya sido certificada como tal, no habiendo cumplido con los requisitos académicos. Esto le permitió asumir una función más que delicada en Paraguay como lo es el JEM (Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), el órgano constitucional que depura justamente a los componentes del Poder Judicial”, enfatizó.

Si bien el Ministerio Público tomó nota de que existió un voto en disidencia por parte de un miembro del tribunal que solicitaba elevarnos la pena a 14 años de prisión, Sánchez valoró la magnitud del castigo aplicado.

“Ocho años no es poco. Es un hecho punible contra la prueba documental, no es de carácter patrimonial, contra la vida o contra la integridad física. Es contra la prueba documental en su modalidad agravada. Probar y obtener esta sanción penal es altísima, no hay otra condena igual contra la prueba documental. El Ministerio Público no puede quedar insatisfecho”, aseveró.

Respecto a la ejecución inmediata de la privación de libertad, la fiscal aclaró que el cumplimiento efectivo depende de la firmeza de la sentencia dispuesta por el tribunal, el cual consideró que las medidas cautelares vigentes son suficientes para garantizar que el condenado se someta a la pena una vez que el fallo quede firme.

Más investigaciones

El cierre de esta etapa procesal marca apenas el inicio de un abanico de causas derivadas. La fiscal Patricia Sánchez confirmó que remitieron antecedentes al fuero penal para investigar la presunta complicidad de altas exautoridades académicas y gubernamentales que permitieron la validación del título apócrifo.

Aquí aparecen, según la investigadora, el exrector Euclides Acevedo, el exdecano Oscar Rodríguez Kennedy y el exministro de Educación Eduardo Petta.

Adicionalmente, se dispusieron remisiones a la Fiscalía General por presunto testimonio falso de testigos durante el juicio, a lo que se suma una denuncia similar promovida por el propio Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Esto no tiene por qué acabar acá”, sentenció la agente fiscal.