La investigación penal se sustenta en la Ley N.º 2523/2004, que sanciona al funcionario público que decida, autorice o suscriba actos o contratos administrativos que otorguen beneficios indebidos en forma directa para su provecho personal o para el de sus familiares más cercanos.

Los antecedentes del caso remiten a informes de la Contraloría y denuncias públicas que señalaron desembolsos millonarios sin documentación respaldatoria, asignación de honorarios a operadores políticos y el favorecimiento mediante contratos a diversos parientes del entonces intendente.

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En la causa figura procesado también su hijo, Esteban David Ríos Isasi, de 36 años, quien había sido identificado en las nóminas municipales objetadas por el órgano de control.

El Ministerio Público solicitó formalmente la imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, como la presentación periódica ante el juzgado, la prohibición de salir del país y de la localidad de residencia, y una caución real o personal adecuada para asegurar su sujeción al proceso judicial.