Durante una rueda de prensa, la Inmobiliaria Confort S.A. detalló la situación legal de varios terrenos. Marta Mujal, representante de la firma, explicó que la sociedad familiar opera de forma independiente a la familia González Daher. La relación comercial inició en el año 1998 exclusivamente mediante un contrato de administración.

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Según Mujal, la inmobiliaria loteó, aprobó y vendió los inmuebles con normalidad, y concretó más de 50 escrituras antes de los conflictos judiciales de los propietarios originales. Cuando una escribana comunicó la inhibición de las transferencias por estos inconvenientes legales, la agencia convocó a los clientes sin deudas e inició un juicio de obligación de escritura pública. Sin embargo, la Justicia rechazó esta acción.

La vocera remarcó que todos los contratos de venta de estos terrenos poseen fechas anteriores a los problemas de la familia González Daher. Ante esta situación, la empresa deposita actualmente el dinero de las cuotas en una cuenta judicial habilitada para el efecto.

Mujal indicó que la inmobiliaria actuó siempre como administradora. La empresa cobra una comisión y rinde el monto restante. Al principio, el dinero llegaba a los dueños, pero con el inicio del conflicto, los pagos ingresan a la cuenta judicial.

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Sobre un lote que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) remató recientemente, la propietaria manifestó su sorpresa. El contrato de ese terreno data del año 2015 y, durante los últimos años, el cliente pagó sus cuotas puntualmente a la cuenta judicial.

Finalmente, Mujal justificó el cobro de las cuotas actuales. Argumentó que el dinero va seguro a la cuenta judicial y que los clientes mantienen el derecho a la escritura pública tras el pago total de sus obligaciones. Por ello, la inmobiliaria solicita el urgente levantamiento de las medidas cautelares sobre los cuatro inmuebles y pide la designación de un juez que firme los títulos a favor de los compradores.