La agente fiscal de Luque, Laura Ramírez Riveros, formuló imputación contra el intendente Carlos Echeverría por la presunta comisión del hecho punible de desacato de una orden judicial.

La investigación se inició luego de que el Juzgado Penal de Garantías N.º 2 de Capiatá comunicara al Ministerio Público el presunto incumplimiento de una sentencia definitiva dictada el 20 de enero de 2026, en el marco de una acción de acceso a la información pública promovida mediante un amparo constitucional.

La resolución judicial había ordenado a la Municipalidad de Luque entregar documentación relacionada con la compra directa de un terreno municipal a favor del Club Natividad Núñez Pérez.

¿Qué información debía entregar la Municipalidad?

Entre los documentos requeridos figuraban resoluciones municipales vinculadas con la operación, comprobantes de ingresos, registros contables y el legajo de la transacción, además de actas de sesiones de la Junta Municipal y otros antecedentes relacionados con la adquisición del inmueble.

La orden judicial también solicitaba aclarar la existencia de dos resoluciones con el mismo número y tenor, pero con una diferencia de G. 100 millones en el precio consignado para la operación.

Según los fundamentos de la imputación, la Fiscalía obtuvo una copia íntegra del expediente judicial y constató que no existe constancia de que la Municipalidad de Luque haya cumplido con la orden.

Las partes habían sido notificadas de la resolución a través del expediente electrónico, según consta en la investigación.

Fiscalía pide medidas alternativas

Con base en estos elementos, el Ministerio Público calificó provisoriamente la conducta investigada como presunto desacato de una orden judicial.

La fiscala Ramírez Riveros solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para el intendente Carlos Echeverría.

Entre ellas se encuentran la obligación de presentarse mensualmente ante el Juzgado, la prohibición de salir del país y la fijación de un domicilio, además de la obligación de comunicar cualquier cambio de residencia.

También pidió la imposición de una fianza real idónea.

Por último, la representante del Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para completar la investigación y posteriormente presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.