La investigación por la desaparición del pequeño Khael Valdez, de 3 años, dio un giro en las últimas horas. Tras intensas jornadas de búsqueda por tierra y agua que resultaron infructuosas, el Ministerio Público dio por concluida la fase de rastrillaje en el establecimiento rural de General Díaz, departamento de Presidente Hayes, y reorientó la causa.
En entrevista con el canal GEN, el fiscal Lucrecio Cabrera confirmó que la comitiva de los investigadores se retiró del lugar del hecho debido a que se han agotado las esperanzas de localizar al menor en la zona, decisión acentuada además por las inclemencias climáticas registradas recientemente.
A partir de la falta total de evidencias materiales, a pesar del despliegue que incluyó a buzos de la Armada en tajamares y la colaboración del pueblo ayoreo, conocido por su experiencia en el terreno, la Fiscalía maneja formalmente la hipótesis de una sustracción coordinada.
“Nosotros hemos perdido la esperanza de encontrar a ese niño en ese lugar, ya que se hizo el trabajo de intensa búsqueda sin resultado (…). Ese niño no pensamos que esté ahí; tenemos la presunción de que fue sustraído del lugar con o sin complicidad de la madre y gente del entorno. La principal hipótesis por la que estamos trabajando es que podría tratarse de un caso de trata de personas”, reveló Cabrera.
El representante del Ministerio Público fundamentó la sospecha en la imposibilidad física de que un menor de tan corta edad se haya desplazado distancias considerables por sus propios medios sin dejar rastros como calzados o prendas.
“Por la falta de indicios de la existencia del niño en la zona donde se lo buscó y siendo un niño tan pequeño de 3 años, no puede alejarse demasiado del casco donde estaba viviendo. Eso nos da a entender que una tercera persona intervino para que el niño sea llevado de ese lugar”, explicó el agente fiscal.
En el plano judicial, Cabrera detalló que, tras ser imputada por presunta violación del deber de cuidado, un juez del departamento de Boquerón dictó la prisión preventiva de la madre. En las últimas horas se dispuso su traslado a un centro penitenciario de mujeres.
En tanto que, el capataz y el presunto padre biológico, que habían sido demorados inicialmente para averiguaciones, fueron puestos en libertad por falta de elementos de juicio para sostener su privación de libertad. Sus teléfonos celulares y computadoras fueron incautados y se encuentran en etapa de peritaje técnico.
La investigación se centra ahora exclusivamente en el análisis de las comunicaciones del entorno cercano y en las diligencias periciales para identificar a los responsables de la presunta red que habría retirado al menor de la propiedad rural.