Desde la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) señalan que los matrimonios y uniones forzadas no son hechos aislados, sino el resultado de una red de vulneraciones estructurales. Durante el último año, el Ministerio Público reportó que al menos 2.804 niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual, en comparación con 582 casos registrados en varones.
A esta compleja situación de violencia e impunidad se le suman condiciones socioeconómicas adversas. Los registros oficiales revelan que el 25,4 % de las niñas y adolescentes vive en hogares por debajo de la línea de pobreza monetaria, cifra que escala al 29,3 % en áreas rurales.
Además, a pesar de que la Ley N.º 5407/2015 prohíbe explícitamente el trabajo doméstico a personas menores de edad, se calcula que más de 7.500 adolescentes realizan esta labor de manera irregular, frente a un número residual de varones, perpetuando patrones de discriminación de género y la práctica del criadazgo.
Por otra parte, el documento señala que la crisis climática actual y el retorno de fenómenos meteorológicos como El Niño agravan de forma diferenciada las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables, impactando en el acceso a recursos básicos y al bienestar futuro de las niñas.
La CDIA enfatizó que garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos requiere respuestas estatales sostenidas, mayores recursos para la protección social y de la salud, así como la habilitación de espacios reales de participación para que las voces de las adolescentes influyan directamente en las políticas públicas que impactan su vida.