Según la hipótesis del Ministerio Público, las maniobras se habrían ejecutado entre julio y diciembre de 2025 mediante la utilización de facturas pertenecientes a una despensa ubicada en Luque.
La procesada habría recurrido a dicho comercio para fraguar la adquisición de víveres y cajas con logotipos con el objetivo de justificar millonarios desembolsos, generando además sobrecostos en las transacciones sin el consentimiento ni conocimiento de la dueña del establecimiento.
La imputación detalla que la contadora habría conducido a la comerciante hasta una escribanía el 22 de septiembre de 2026 para hacerle firmar, bajo engaños, un documento relativo a supuestas ventas de mercaderías realizadas a la entidad, pero la propietaria del local negó haber concretado tales operaciones y sostuvo que jamás percibió las sumas consignadas en los comprobantes.
El expediente penal suma como elementos de prueba diversas declaraciones testimoniales, documentación comercial, informes proveídos por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y una auditoría que identificó los pagos respaldados por facturas, órdenes e instrumentos bancarios.
Con este procesamiento, ya son cinco las personas imputadas en la investigación principal sobre el patrimonio de la organización, habiéndose solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva para la nueva procesada.