El Sistema de Monitoreo Electrónico (SIMDEC) exhibe números optimistas frente a una realidad trágica. Según los datos oficiales del 10 de octubre de 2026, el programa gubernamental controla a 237 usuarios activos.
Del total general, 52 personas portan los dispositivos por casos de violencia de género o familiar. Los reportes institucionales destacan un resultado supuestamente perfecto. Aseguran que los usuarios de las tobilleras electrónicas no concretaron ninguna agresión contra las víctimas desde el inicio de las operaciones del sistema.
No obstante, esta estadística de “cero agresiones” maquilla un hecho gravísimo. Recientemente, un hombre con tobillera electrónica asesinó a su expareja. Este feminicidio desnuda la inoperancia de los protocolos de reacción policial y contradice el discurso de protección total que promueven las autoridades.
Nota relacionada: Sospechoso de crimen en Eusebio Ayala destruyó su tobillera tras el crimen y escapó
La asignación de este dispositivo requiere un trámite burocrático y judicial. Tras una denuncia, un juez evalúa el nivel de riesgo de la víctima y emite una orden. Luego, el juzgado remite el oficio correspondiente a la Policía Nacional y a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC). Finalmente, los técnicos instalan el equipo al procesado. Sin embargo, el reciente crimen demuestra que todo este proceso legal resulta inútil si el Estado carece de capacidad de reacción ante el peligro inminente.
El propio sistema detectó 61 eventos de incumplimiento entre octubre de 2025 y octubre de 2026. Los registros detallan que 16 de las alertas ocurrieron por intentos del agresor, mientras que 45 eventos sucedieron por acercamientos de la víctima.