Durante una entrevista televisiva, el candidato opositor a la Presidencia, Miguel Prieto, sugirió despidos masivos en el sector público. Prieto argumentó que el Estado sufre un creciente déficit fiscal y consideró necesaria la reducción drástica de funcionarios para solucionar este problema financiero.
El político prometió “mano dura” y recordó su etapa como administrador público, cuando desvinculó a mil empleados en un solo día. Además, cuestionó el exceso de personal y el uso político de instituciones como la Justicia Electoral, Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), Copaco y la planta asfáltica de Asunción.
A pesar de la promesa del candidato, economistas explican que los despidos masivos presentan graves contradicciones técnicas. Esta medida de shock podría empeorar el panorama financiero nacional.
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En primer lugar, una reducción abrupta de la planilla estatal agravará el déficit de la Caja Fiscal. El sistema de jubilaciones funciona bajo un esquema de reparto, donde los aportes de los trabajadores activos pagan los haberes de los jubilados actuales. Al desvincular a miles de funcionarios, la Caja sufrirá un corte inmediato en sus ingresos. Mientras tanto, las obligaciones de pago continuarán intactas. Por lo tanto, el Tesoro Nacional utilizará más recursos de los impuestos generales para cubrir el saldo negativo mensual.
Asimismo, la propuesta genera serias vulnerabilidades macroeconómicas. Los despidos masivos exigen pagos inmediatos por aguinaldos proporcionales, vacaciones e indemnizaciones. Este desembolso repentino eleva el gasto corriente y el déficit fiscal en el corto plazo. Por otro lado, el Estado enfrenta posibles demandas laborales masivas. Si la Justicia falla en contra del Estado años después, el fisco pagará salarios caídos e intereses millonarios.
La masa salarial pública sostiene gran parte del consumo interno en Paraguay. Una eliminación drástica de esos ingresos reduce las compras en comercios, supermercados y servicios privados. En consecuencia, cae la recaudación de impuestos indirectos como el IVA, hecho que anula el ahorro estatal inicial.
A nivel operativo, el recorte abrupto de personal paraliza áreas administrativas clave. Esta inoperancia frena licitaciones, retrasa pagos a proveedores y ralentiza el flujo de capital del sector privado, situación que afecta directamente el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).
Más allá de los números, la medida ignora el profundo drama social que implicaría dejar a miles de personas en la calle. El mercado laboral privado actual carece de la capacidad para absorber repentinamente a esta masa de desempleados, dejando a numerosas familias sin ingresos ni perspectivas laborales a corto plazo.
En definitiva, aunque el discurso de Prieto suena como una solución rápida y popular ante el hartazgo ciudadano, la aplicación de despidos masivos sin reformas estructurales previas comprometerá seriamente la estabilidad del país.
Ocupar la Presidencia de la República exige un conocimiento técnico profundo y un nivel de pensamiento estratégico superior. Gobernar requiere planificación real, ya que las medidas simplistas y los impulsos de “un plumazo” terminan generando problemas estructurales mucho más complejos de los que intentan resolver.