Mediante un nuevo recurso dilatorio, el senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, logró suspender la audiencia preliminar fijada para la mañana de este jueves en el Palacio de Justicia de Asunción. En esta diligencia, la Justicia debía determinar si la causa penal en su contra sea elevada o no a juicio oral y público.

A través de su abogado defensor, Guillermo Duarte Cacavelos, el parlamentario presentó la recusación contra el juez de Garantías Yoan Paul López. La defensa fundamentó la solicitud alegando que la imparcialidad del magistrado se encuentra comprometida, porque supuestamente López ya emitió opinión sobre la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo dentro del proceso.

Con este planteamiento, la realización de la audiencia queda frenada a la espera de que la Cámara de Apelaciones estudie el recurso y resuelva si confirma o aparta al juez de la causa.

La suspensión se concreta tan solo 24 horas después de un aplazamiento previo concedido por el propio juez López, quien había pospuesto la diligencia —fijada originalmente para el miércoles a las 09:00— a pedido de Filizzola, quien alegó que el horario coincidía con la sesión de la Cámara de Senadores.

En los pasillos de la sede judicial, Filizzola se mostró ayer incómodo y evasivo al ser increpado por periodistas sobre su negativa a someterse al juicio oral y encarar el proceso, en contraste con otros actores políticos que sí afrontaron los estrados. Tras responder con evasivas sobre la inexistencia de delito y ser cuestionado por sus reiteradas chicanas, el parlamentario abandonó precipitadamente el lugar y solo dijo que debía acudir al Congreso.

Paralelamente, trascendieron versiones que señalan que el legislador habría mantenido reuniones privadas en el despacho de un ministro de la Corte Suprema de Justicia días previos a la suspensión de su diligencia, de acuerdo con lo informado por el periodista judicial Aldo Ynsfrán, del canal GEN.

Rafael Filizzola se encuentra procesado por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La causa de “comisarías de oro” investiga presuntas irregularidades administrativas durante su gestión al frente del Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2013.

Según la acusación fiscal, las anomalías detectadas en las obras de construcción y remodelación de 24 comisarías ubicadas en el Área Metropolitana habrían ocasionado un daño patrimonial al Estado superior a los G. 1.200 millones.