La gerente financiera y administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, confirmó la oficialización del pago del beneficio adicional anual, conocido popularmente como el aguinaldo de jubilados y pensionados, a partir de noviembre con los haberes del mes.
En declaraciones a la radio Universo 970/Nación Media, la funcionaria detalló el impacto presupuestario del desembolso y abordó el debate sobre la sostenibilidad financiera de esta prestación, que actualmente se financia con las rentas del fondo de jubilaciones.
Vera explicó que la resolución del Consejo de Administración formaliza el pago que, como cada año, se efectúa a la par del haber correspondiente a noviembre.
“Tiene un pequeño crecimiento vegetativo. Este año está alrededor de los 430.000 millones de guaraníes lo que vamos a estar desembolsando en concepto de beneficio adicional anual”, precisó la gerente administrativa.
Ante las dudas recurrentes sobre la disponibilidad de recursos, Vera aclaró la dinámica financiera de la previsional. Detalló que el IPS administra tres fondos independientes y que las jubilaciones se financian con sus propios ingresos.
Al ser un beneficio por el cual el trabajador no realiza aportes específicos durante su etapa laboral activa, su pago no se cubre con el aporte obrero-patronal, sino mediante los rendimientos de las inversiones financieras del IPS.
“Todo lo que fuimos percibiendo mes a mes en concepto de intereses de las inversiones financieras en distintos activos es el concepto que financia este pago”, aclaró.
Respecto a la sostenibilidad a largo plazo, señaló que es necesario establecer un esquema legal de financiamiento continuo para mantener el derecho adquirido.
Entre las alternativas de estudio dispuestas por el Consejo de Administración figura la posibilidad de implementar un aporte adicional a los trabajadores en etapa activa. Este descuento complementario se situaría en un rango de entre el 2% y el 5%.
Vera adelantó que la próxima semana se reunirá el Comité de Regulación Jurídica del IPS para consensuar una propuesta técnica. De ser aprobada por el Consejo, deberá ser remitida al Congreso Nacional para su modificación por ley, considerando que afectaría la tasa de descuento salarial de los aportantes o las cargas patronales.
