El pedido busca conocer el avance de la implementación de este sistema, especialmente, en lo relacionado con la superficie territorial incorporada, la actualización de los datos por departamentos y distritos, y la situación jurídica de los inmuebles del país.

En los fundamentos del proyecto se destaca la importancia de contar con información pública precisa, actualizada y confiable sobre la superficie territorial de la República, como herramienta para el diseño, la evaluación y el control de políticas públicas vinculadas con la administración y el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica de la propiedad y la planificación del desarrollo nacional.

Asimismo, el documento señala que la implementación del Registro Unificado Nacional constituye uno de los procesos de modernización institucional relevantes en materia registral y catastral del Paraguay, al integrar información de los organismos responsables del registro y la administración de inmuebles, con el propósito de avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente del patrimonio territorial.

En ese contexto, la proyectista Alexandra Zena (CN-Central) considera necesario conocer el grado de avance del sistema, la cantidad de superficie efectivamente incorporada y el nivel de actualización de los datos en los distintos departamentos y distritos del territorio nacional.

Otro de los aspectos señalados en la iniciativa es la necesidad de identificar las zonas donde persisten problemas de informalidad registral, falta de títulos de propiedad, superposición de derechos, conflictos judiciales e inconsistencias entre la información registral y catastral.

Estas situaciones, según los fundamentos, afectan la seguridad jurídica y pueden limitar el desarrollo económico y social, por lo que contar con información actualizada permitiría dimensionar los desafíos pendientes en materia de regularización y administración de inmuebles.

El pedido también apunta a conocer la distribución de las tierras públicas, fiscales, municipales y departamentales, así como de las áreas protegidas, las comunidades indígenas y las propiedades privadas.

La información requerida permitirá a la Cámara Baja disponer de elementos para el ejercicio de sus funciones constitucionales de control y para el análisis de futuras iniciativas legislativas relacionadas con la regularización de inmuebles, la administración del patrimonio estatal, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la implementación de políticas de ordenamiento territorial.