La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a convocar una cumbre de poderes para abordar de manera integral el feminicidio y la violencia contra las mujeres.

La iniciativa, presentada por la senadora Yolanda Paredes, expone que durante 2025 se registraron 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa, con un saldo de 69 niños que quedaron huérfanos. En lo que va de 2026, los datos oficiales reportan 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa.

Durante el tratamiento, Paredes cuestionó la falta de una respuesta coordinada entre las instituciones y pidió conocer las directrices de la Corte Suprema de Justicia para atender estos casos.

La legisladora sostuvo que se necesita una respuesta inmediata de los juzgados de paz, encargados de recibir las denuncias, dictar medidas cautelares y realizar el seguimiento correspondiente.

También señaló la necesidad de fortalecer la actuación del Ministerio Público y aplicar protocolos que permitan responder con rapidez ante hechos de violencia contra las mujeres.

Paredes planteó, además, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, reformule la malla curricular de escuelas y colegios para incorporar el abordaje de esta problemática.

“No encuentro hoy una respuesta de los tres poderes del Estado”, manifestó la senadora, al insistir en la necesidad de acciones conjuntas.

Por su parte, la senadora Lilian Samaniego advirtió sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para denunciar a sus agresores debido al miedo y al riesgo que perciben para sus vidas.

“El feminicidio en nuestro país empieza con el miedo y termina con la muerte”, expresó.

En ese contexto, Samaniego solicitó que en un plazo de 15 días se trate el proyecto de ley que crea juzgados especializados en violencia contra las mujeres. El Senado aprobó el pedido.

Durante la sesión, varios legisladores coincidieron en la necesidad de garantizar un seguimiento integral y oportuno de las denuncias por violencia contra las mujeres, con participación y responsabilidad de los tres poderes del Estado.