Una compleja red internacional de captación que opera en varios países de Sudamérica tiene en la mira a ciudadanos paraguayos para enviarlos a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. La Fiscalía Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas inició una serie de diligencias tras recibir denuncias de familiares que reportaron la desaparición o pérdida de contacto con compatriotas en el extranjero.
En entrevista con el canal GEN, la fiscal de la causa, Susana González, confirmó que el Ministerio Público cuenta con una investigación penal en curso activada a partir de los reportes remitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección de Atención a Ciudadanos Paraguayos en el Extranjero (DACPE).
“Nosotros recibimos de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores comunicación hace dos o tres meses. Familiares de ciudadanos paraguayos que habían ido a Rusia y a Ucrania para formar parte de la contienda bélica estaban recibiendo información de que sus familiares estaban en situación de desaparecidos. Tenemos ya aproximadamente más de 20 denuncias, pero esto viene casi todos los días”, explicó la agente fiscal.
La trampa del reclutamiento: desde invitaciones a museos hasta “manejar drones”
González detalló que los esquemas de captación emplean diversos métodos de engaño para convencer a las víctimas de viajar a la zona del conflicto. Entre las ofertas laborales falsas que se prometen figuran empleos en el sector de la construcción, trabajo en fábricas o supuestos eventos de intercambio cultural.
“Tenemos varias informaciones de estas situaciones en donde les ofrecen un trabajo distinto, para la construcción, para trabajar en fábricas e inclusive para actividades culturales. Tenemos casos en donde les envían una invitación para exposiciones en museos para recorrer ciudades. También les dicen ‘te vas a ir para manejar dron’ o manejar maquinarias pesadas, pero llegan al lugar y van directo al campo de batalla”, detalló la representante del Ministerio Público.
Un caso involucra a un paraguayo que viajó con la promesa de participar en eventos de un museo. La fiscal relató que, durante las escalas del vuelo comercial, los reclutadores cambiaron las instrucciones de viaje y le indicaron que no abordara la siguiente conexión aérea, sino que un vehículo lo recogería de forma particular. Alertado por el personal de seguridad del aeropuerto internacional, el compatriota desistió de la travesía y logró regresar al país.
El modus operandi
La investigación penal apunta también a la presencia de facilitadores locales en territorio paraguayo que cobran montos de dinero a los postulantes bajo el pretexto de gestionar pasajes y viáticos de traslado, pese a que los gobiernos beligerantes suelen cubrir dichos costos en los esquemas de alistamiento militar.
Asimismo, la Fiscalía indaga el ofrecimiento de salarios astronómicos que oscilan entre G. 50 millones y G. 60 millones mensuales, montos que resultan ficticios o que se ven recortados por comisiones.
“Les dicen que sus misiones no van a ser entrar al campo de batalla y les ofrecen, como gancho, que van a ganar una cantidad excesiva de dinero, entre 50 hasta 60 millones mensuales, cosa que no es real. Además, nos informaron que al llegar al lugar, tanto en Ucrania como en Rusia, les hacen firmar unos documentos en ucraniano o en ruso. La mayoría no sabe qué es lo que está firmando, pero algunos lograron identificar que declaran que no tienen familia, para que nadie reclame los cuerpos o las indemnizaciones en caso de caer en batalla”, reveló González.
La fiscal aclaró que esta problemática no afecta solo a Paraguay, sino que responde a un patrón de reclutamiento que afecta a toda la región sudamericana, y que los mayores casos se registran en Colombia.
Pese a que existen ciudadanos paraguayos que viajaron con pleno conocimiento de la contienda bélica y que incluso registran reingresos al país para luego retornar al frente, la Fiscalía enfoca sus acciones en desarticular a los captadores locales que operan bajo modalidades de trata de personas y estafa, e instó a las familias afectadas a canalizar sus denuncias ante la DACPE o el Ministerio Público.