Durante su presentación en el Poder Legislativo, el ministro Rodrigo Nicora enfatizó la urgencia de ampliar de manera masiva el uso de los dispositivos de control electrónico.
Señaló que actualmente apenas un poco más del 20% del stock total de equipos está activo en las calles, entre 190 y 200 dispositivos en uso, dejando un excedente cercano a las 700 tobilleras de última tecnología listas para ser implementadas inmediatamente en casos de restricción y violencia familiar.
La disponibilidad inmediata no solo contempla los insumos tecnológicos, sino también la sostenibilidad económica de la iniciativa. Nicora puntualizó que el Estado dispone de una partida aprobada de 3 millones de dólares para este fin.
“Y eso es lo que nosotros buscamos incansablemente, que se utilice a mayor escala. Son 3 millones de dólares en presupuesto que están disponibles para que se apliquen justamente para proteger”, expresó Nicora.
Los dispositivos cuentan con un sistema de geolocalización que se vincula directamente a una aplicación móvil en el teléfono de la víctima, si la correa o tobillera sufre un corte o falla de señal, el sistema emite una alerta instantánea que llega de forma simultánea a la víctima y al agente del Grupo Lince más cercano para brindar auxilio e intervenir de inmediato ante el agresor.
Pese a la amplia capacidad técnica y presupuestaria disponible, Nicora ratificó que el Ministerio de Justicia no posee la facultad legal para colocar unilateralmente las tobilleras. Reiteró el respeto institucional hacia los demás poderes del Estado y recordó que la decisión recae en el Poder Judicial.
“El que dispone es el juez y el juez tiene que sentirse seguro de que su decisión está amparada en una tecnología que es efectiva”, puntualizó el secretario de Estado.