Una mujer que compró un mueble a crédito por G. 3.906.000 terminó pagando G. 8.060.000, según los datos de una investigación fiscal por presuntos cobros abusivos y amenazas. El caso derivó en un operativo que incluyó una entrega vigilada y el allanamiento del local Torres Comercial.

El procedimiento fue realizado el 19 de octubre, bajo la dirección de la agente fiscal Blanca Zaracho, titular de la Unidad Penal n.º 4 de Mariano Roque Alonso, con autorización judicial.

Según la denuncia, la compra se realizó en septiembre de 2025. Tras algunos atrasos y la posterior reanudación de los pagos, la afectada habría comenzado a recibir exigencias de dinero que superaban ampliamente el precio acordado por el producto.

La investigación apunta a un hombre que se habría presentado como abogado encargado de gestionar el cobro. Presuntamente, el mismo intimidaba a la compradora con continuar las publicaciones agraviantes en redes sociales y difundir señalamientos en la página del colegio de su hija menor de edad, lo que podría exponerla a burlas y situaciones de bullying.

De acuerdo con la denuncia, estas advertencias habrían sido utilizadas como mecanismo de presión para que la mujer entregara el dinero exigido.

Durante la entrega vigilada, la denunciante entregó G. 5.828.000, con lo que sus pagos acumulados alcanzaron los G. 8.060.000. Posteriormente, en el allanamiento, el equipo fiscal y policial recuperó el dinero e incautó teléfonos celulares, documentación sobre la relación comercial entre Torres Comercial y SEYCO Servicios y Cobranzas, estados de cuenta y otros elementos de interés para la causa.

Una mujer detenida y un hombre con orden de detención

Durante el procedimiento, una mujer habría agredido físicamente a la agente fiscal y a un efectivo policial. Ante la presunta comisión del hecho punible de resistencia, se dispuso su aprehensión y posterior detención.

Por otra parte, el Ministerio Público confirmó que se libró una orden de detención contra el hombre señalado en la denuncia. Su eventual imputación continúa bajo análisis, a la espera de la valoración conjunta y el cotejo técnico de las evidencias recogidas.

La Fiscalía prosigue con las diligencias para esclarecer los hechos denunciados, determinar la participación de los involucrados y establecer si existen otros hechos punibles relacionados con el caso.