Un grupo de padres de familia y miembros de la comisión propulsora entregaron más de 50.000 firmas ante el Congreso Nacional para impulsar una modificación del Código Penal. La iniciativa busca tipificar como delito la difusión de contenidos que alteren la percepción biológica o sexual en menores.
La propuesta legislativa pretende incorporar el artículo 135 c al Código Penal bajo la denominación de “Abuso bajo otras formas”, con un esquema de sanciones privativas de libertad de cumplimiento efectivo.
Contempla penas de 4 a 10 años para quien elabore, promueva o distribuya dichos materiales; de 10 a 15 años si el hecho es cometido por un funcionario público; y un castigo máximo de 15 a 20 años de prisión para las autoridades que autoricen u oficialicen la aplicación de tales contenidos.
El Arzobispado de Asunción emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no asumirá institucionalmente la marcha ni difundirá la iniciativa como propia. La decisión fue tomada luego de un análisis jurídico sobre la viabilidad técnica de la reforma penal planteada, sumado a una evaluación del impacto pastoral que tendría en la comunidad católica.
En su postura final, la Iglesia católica reafirmó su compromiso doctrinal con la defensa de la vida y la dignidad humana, remarcando la importancia del respeto hacia todas las personas.
Además, el Arzobispado enfatizó su rechazo a cualquier tipo de violencia o discriminación, marcando así una clara diferencia con el enfoque punitivo e irrestricto planteado por los promotores de la iniciativa popular.