Las deudas en el programa Hambre Cero encendieron las alarmas en el sector educativo y regional. El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, confirmó que las gobernaciones a cargo del proyecto acumulan retrasos de hasta tres meses en los pagos a sus proveedores.
El Ministerio de Desarrollo Social cumple sus compromisos de forma regular y mantiene al día sus cuentas hasta septiembre. En contraste, las administraciones departamentales enfrentan serias trabas. El Ministerio de Economía y Finanzas transfiere los fondos directamente a cada gobernación mediante un plan de caja mensual. Cada gobierno regional ejecuta su presupuesto y paga a sus empresas adjudicadas.
El ministro explicó que “cuando no se hace en tiempo y forma el , que es muy burocrático, se sale del plazo en que se asignan los planes de caja entonces ya pasa para siguiente mes”.
El proceso de cobro exige un riguroso recorrido digital en el Sistema Integrado de la Alimentación Escolar. Las administraciones de contrato emiten las órdenes, los proveedores cargan remisiones y los directores de escuelas firman las actas en el Registro Único del Estudiante.
Además, las empresas deben subir facturas de compras a la agricultura familiar, compras a mipymes y comprobantes de tributos. Un fallo o demora en estos pasos frena la liberación de los fondos y traslada el pago al siguiente mes.
Pese a la falta de liquidez, la comida no falta en las aulas. El Consejo Nacional de Alimentación Escolar realiza monitoreos constantes y no registra suspensiones del servicio.
Rojas valoró el esfuerzo de las firmas contratadas, las cuales garantizan el almuerzo de los estudiantes aun sin cobrar a tiempo. Mientras tanto, Desarrollo Social negocia con el Ministerio de Economía una pronta regularización de las partidas presupuestarias.
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