El legislador colorado Basilio “Bachi” Núñez admitió que este tipo de situaciones deterioran la imagen institucional y la credibilidad del Parlamento ante la ciudadanía.

“Golpea terriblemente. Uno trata de mejorar la conducción política en el Congreso, en el Senado, elevar la capacidad de debate, y después tenemos retrocesos como estos casos”, expresó al canal GEN.

Consultado sobre los mecanismos normativos que permiten a los senadores incorporar personal y los límites que existen para la designación de funcionarios, Núñez explicó que cada legislador cuenta con cupos destinados al funcionamiento de sus respectivas oficinas y comisiones parlamentarias.

“Cuando ella asumió, tenía más de 10 legisladores, porque puede ser que sea para los funcionarios de su despacho o para la comisión que preside. No está topeado; un legislador, de acuerdo a la disponibilidad o a las vacancias, puede tener funcionarios a su cargo bajo la figura de contratos”, detalló. “Durante mi gestión, solo ingresaron tres funcionarios con ella”, agregó en otro momento.

Asimismo, aclaró que gran parte de estos vínculos contractuales culminan de manera automática al finalizar el periodo legislativo de cada parlamentario o se renuevan mediante pedidos formales de padrinazgo y recategorización que deben pasar por los filtros administrativos correspondientes.

Ante la consulta sobre si existían alertas previas en torno a este modus operandi en el Senado, el presidente de la corporación legislativa indicó que es materialmente imposible monitorear de forma directa las gestiones administrativas internas de cada oficina senatorial. Sin embargo, enfatizó que ante indicios de corrupción se debe accionar sin contemplaciones.

“Si hay hechos de corrupción, hay que denunciar. Tenemos que acostumbrarnos a hacernos cargo nosotros también como legisladores y autoridades políticas. Si nos llegan las denuncias, no hay que hacer solamente denuncias mediáticas, hay que hacer la denuncia en el Ministerio Público para que se investigue y se sepa la verdad”, sentenció Núñez.

El senador ratificó que la Cámara Alta mantendrá una postura abierta a la colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.

Esta mañana, las exfuncionarias afectadas se reúnen con Bachi para exponerle la situación que involucraría a Delgado.

LA DENUNCIA

Tres exfuncionarias del Congreso manifestaron que supuestamente se les exigía transferir la totalidad de sus bonificaciones mensuales directamente a la senadora, bajo la amenaza de ser desvinculadas de sus cargos.

Según las denunciantes, para acceder a un nombramiento permanente en el Parlamento, la legisladora les solicitaba sumas de dinero que oscilaban entre G. 20 millones y G. 100 millones. Una de las afectadas afirmó que le llegaron a requerir hasta G. 150 millones.

Los testimonios apuntan a que los trabajadores debían solicitar préstamos en el Banco Nacional de Fomento (BNF) o en la Caja Parlamentaria para costear las sumas exigidas. En uno de los casos, una funcionaria desvinculada quedó pagando cuotas mensuales cercanas a los G. 5 millones tras recurrir a estos créditos, siempre conforme a la denuncia presentada.