El gremio, presidido por Atilio Estigarribia, pidió revisar la Acordada N.º 1747/2024, que regula el acceso a la matrícula. Argumenta que un eventual aumento de profesionales en Asunción, Central y otras circunscripciones judiciales debe sustentarse en datos sobre el volumen de subastas y las necesidades del servicio.
En el escrito presentado ante los ministros, la asociación señaló que no existe una evaluación cuantitativa y cualitativa que permita determinar cuántos rematadores se necesitan en cada jurisdicción ni cuál es la capacidad de supervisión disponible.
La organización aclaró que no se opone a los concursos para cubrir vacancias existentes por renuncia o fallecimiento de sus titulares, sino que solicita aplazar durante seis meses el ingreso de nuevos profesionales hasta contar con información técnica.
Reclaman pago de gastos por remates suspendidos
Entre los demás planteamientos, la asociación pidió que se dicte una acordada para que los juzgados de todo el país cumplan el artículo 167 del Código de Organización Judicial, relacionado con los gastos derivados de las subastas judiciales suspendidas.
Según el gremio, algunos rematadores asumen compromisos económicos con medios de comunicación para publicar los avisos de remate, pero luego las subastas son suspendidas sin que se cubran los gastos correspondientes. Esta situación, advierten, genera deudas con las empresas editoriales.
Por ese motivo, solicitaron que los juzgados exijan la consignación de los gastos y del 50% de la comisión legal cuando las partes soliciten la suspensión de una subasta.
Piden datos de subastas entre 2021 y 2026
La asociación también reclamó información oficial sobre la cantidad de remates judiciales realizados, suspendidos y cancelados entre 2021 y 2026, además del número de asignaciones que recibe cada profesional.
Asimismo, propuso establecer un espacio de diálogo entre representantes del gremio y la Corte Suprema de Justicia para analizar la situación del sector y acordar criterios basados en datos verificables.
La organización sostiene que el libre ingreso establecido en 2024 no implica necesariamente un aumento de las subastas efectivamente realizadas. Por ello, considera necesario determinar la cantidad de auxiliares de justicia que requiere cada circunscripción, con base en información concreta y en condiciones que permitan ejercer la profesión de manera sostenible.