El auditor forense de la Contraloría, Leandro Villalba, explicó a la radio Tribu AM que están detrás de los presuntos títulos falsos o títulos que podrían tener algún tipo de problema.
Precisó que la intervención responde a un encargo directo de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos del Congreso Nacional, la cual solicitó la mayor celeridad posible ante lo que representa un eventual escándalo institucional de gran alcance. Para cumplir con el requerimiento, la CGR conformó tres equipos técnicos de trabajo.
El auditor forense detalló que ya se notificó y solicitó información a 381 instituciones públicas —incluyendo el Gobierno Central, administraciones descentralizadas, gobernaciones, municipios, el Poder Judicial, el Congreso y órganos extrapoderes— exigiendo la nómina de funcionarios profesionales junto con sus títulos de grado y posgrado.
La información fue recibida de manera progresiva, y a priori ya evidenció un importante desorden administrativo. Villalba confirmó que varias instituciones ni siquiera contaban con registros o legajos conformados de su personal profesional.
Tras agrupar la documentación remitida, la CGR inició la etapa de clasificación y ordenamiento de miles de legajos por cada universidad emisora, con el objetivo de verificar la validez académica de los documentos ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
De confirmarse las irregularidades, los antecedentes y dictámenes forenses serán remitidos de inmediato al Ministerio Público, según resaltó el entrevistado.