El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) establecieron un esquema de planificación financiera orientado a saldar las deudas históricas con el sector proveedor de insumos y medicamentos del Estado.

En comunicación con el canal GEN, el director ejecutivo de Cifarma, Luis Ávila, valoró el acuerdo alcanzado con el ministro de Economía, Oscar Lovera, y destacó que el marco presupuestario diseñado para el próximo ejercicio fiscal aporta previsibilidad y previsión técnica a la cadena de suministro de salud pública.

“El ministro incluyó dentro del Presupuesto 2027 los recursos para la gestión de atrasos por USD 860 millones. Estos bonos se negocian entre enero y febrero al iniciar el año, lo que quiere decir que entre marzo y abril ya se estaría cancelando esa deuda acumulada. Es un paso muy importante porque impacta en la estructura de todas las empresas”, explicó Ávila.

El directivo gremial sostuvo que, a diferencia de ejercicios anteriores donde las obligaciones pendientes arrastradas restaban liquidez a los presupuestos operativos vigentes, el plan planteado ante el Congreso Nacional contempla un canal apartado y estructurado. Este esquema incluye la emisión de títulos soberanos y el fraccionamiento de la cesión bancaria acordada previamente para evitar cuellos de botella en la provisión de remedios.

“Se separó la deuda acumulada de lo que corresponde al presupuesto de funcionamiento. Esto permite que el Ministerio de Salud Pública cuente con un flujo ordinario más predecible y que no volvamos a caer en esquemas cíclicos de endeudamiento que afecten la credibilidad frente a los tenedores de bonos y proveedores”, enfatizó el representante de Cifarma.

Ávila remarcó que el trabajo coordinado entre la industria nacional y el Estado no se limita únicamente a la cancelación del pasivo, sino que abarca propuestas de reestructuración de la atención prioritaria para pacientes con enfermedades complejas o de alto costo.

El objetivo de la hoja de ruta es estabilizar de manera definitiva el abastecimiento en la red de hospitales públicos y cerrar el actual periodo gubernamental con un escenario financiero saneado que garantice el derecho a la salud de la población.