La investigación busca esclarecer las denuncias sobre un presunto esquema de cobros a trabajadores vinculados al despacho de la parlamentaria, quienes habrían tenido que entregar parte de sus ingresos mensuales a cambio de mantener sus puestos.
Según los testimonios de las denunciantes, los funcionarios eran contratados con bonificaciones salariales y debían transferir a Delgado una parte de esos beneficios. Además, denunciaron supuestas exigencias de sumas millonarias para acceder a nombramientos permanentes en la Cámara Alta.
Las acusaciones también incluyen presuntas presiones para gestionar préstamos bancarios y advertencias de desvinculación para quienes no podían cumplir con los pagos exigidos.
La fiscala Marlene González, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quedó a cargo de las diligencias.
El caso tomó estado público tras las denuncias de funcionarias que afirmaron haber sido afectadas por el supuesto mecanismo de cobros. De acuerdo con sus declaraciones, los montos exigidos variarían según los ingresos y el cargo de cada trabajador, mientras que los pagos por nombramientos permanentes podrían alcanzar cifras de hasta G. 100 millones.
Las denunciantes también señalaron que quienes se negaban a pagar o no lograban reunir el dinero podían quedar expuestos a la pérdida de sus puestos laborales.
La Fiscalía deberá reunir los elementos necesarios para determinar si existieron hechos punibles y establecer las eventuales responsabilidades. La presentación de la senadora ante la agente fiscal no implica, por sí sola, que haya prestado declaración ni que las acusaciones estén comprobadas.