El diputado Dani Centurión presentó la propuesta legislativa con el objetivo de dotar de un marco sancionatorio penal a la norma impulsada previamente por la diputada Dalia Estigarribia, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, en la que se estableció la prohibición absoluta del matrimonio infantil en el Código Civil.
La normativa establece un marco penal diferenciado según el grado de responsabilidad de los involucrados en la facilitación de la unión legal del menor.
En el caso del adulto interviniente, así como de los padres o tutores que den su consentimiento o impulso a la ceremonia, la sanción tipificada ascenderá a una pena privativa de libertad de hasta tres años o el pago de una multa.
Por su parte, el texto legal contempla un agravante para las autoridades y trabajadores estatales que tramiten o posibiliten este tipo de casamientos. Dado su rol de garantes del cumplimiento de la ley, los funcionarios públicos que participen en la formalización de estas uniones enfrentarán una pena mayor que podrá alcanzar hasta los cinco años de prisión.
Centurión ratificó que la aplicación de multas y penas privativas de libertad resulta indispensable para disuadir efectivamente estas prácticas y garantizar la plena protección integral de niños y adolescentes en todo el territorio nacional.