El comisario Óscar Pereira, nuevo director general de Establecimientos Penitenciarios, confirmó el inicio de un proceso de auditoría y evaluación en todos los penales del país.
En comunicación con el canal GEN, el director reconoció la preocupación ciudadana respecto a las fallas de seguridad que permiten la fuga de personas privadas de libertad o el uso irregular de dispositivos de comunicación en recintos de alta contención.
“Vamos a estar revisando todos los procesos actuales. Vamos a ver qué controles están fallando y, de acuerdo con eso, tomar las decisiones más pertinentes. Vamos a evaluar cada penitenciaría y lo que se podría estar haciendo bien lo vamos a ir mejorando, mientras que se tomarán medidas en lo que no sea la forma correcta de proceder”, afirmó Pereira.
Respecto a la situación particular del penal de Emboscada, donde se constató el uso de teléfonos celulares y la presunta complicidad en fugas, Pereira indicó que la institución acompaña de manera directa la causa abierta por el Ministerio Público. Recordó que la investigación ya derivó en la detención del anterior director del penal y de varios guardacárceles.
Asimismo, confirmó que mantendrá reuniones de trabajo con el ministro de Justicia para acelerar los sumarios administrativos internos e identificar a otros funcionarios que hayan abandonado sus puestos de guardia o facilitado irregularidades.
Plan de choque: metas a 30, 60 y 90 días
Para revertir la vulnerabilidad del sistema, la nueva administración penitenciaria implementará un programa de contingencia centrado en la prevención de la complicidad interna y el refuerzo de la cadena de mando.
Una evaluación periódica, con resultados verificables a 30, 60 y 90 días para la recuperación del control operativo. Una supervisión estricta del cumplimiento de las funciones por parte del personal de guardia y preservación de la integridad de los agentes que se desempeñen correctamente.
Además de la trazabilidad rigurosa en el alojamiento de los reos, los traslados y el bloqueo del ingreso de objetos prohibidos. Y la implementación de mecanismos de protección para quienes reporten actos de corrupción e irregularidades dentro de los establecimientos.
Actualmente, la penitenciaría de Emboscada se encuentra bajo la conducción de un interventor designado para garantizar la cobertura operativa con el personal disponible mientras concluyen los sumarios e investigaciones penales.