El contralor detalló a los medios de comunicación que, entre las principales recomendaciones del informe, figura la implementación efectiva de un sistema informático que garantice la trazabilidad en las compras.

Pese a que se destinaron cerca de USD 40 millones en dicha tecnología, la auditoría descubrió una alarmante diferencia de G. 623.000 millones, equivalente a más de USD 100 millones, entre el sistema de información hospitalaria y el sistema de control de medicamentos.

En el plano penal, Benítez confirmó que se notificó al Ministerio Público sobre la detección de posibles hechos punibles vinculados al uso de “artilugios legales”. Entre ellos, destacó la utilización de un rubro presupuestario originalmente destinado al pago de órdenes judiciales para ejecutar contratos directos con proveedoras de fármacos, por un monto estimado en USD 25 millones.

Otro de los hallazgos críticos de la auditoría señala que los ingresos generados por el aporte obrero-patronal ya no alcanzan para cubrir el pago de los jubilados actuales, obligando al IPS a recurrir a los intereses generados por sus reservas financieras.

Ante esta situación, el titular de la Contraloría enfatizó la urgencia de una proyección actuarial que determine el límite de sostenibilidad de las reservas, complementada con una gestión más eficiente en el cobro a morosos y la conciliación de la deuda histórica que mantiene el Estado con la institución.

El proceso de revisión se enmarca en las acciones iniciadas en abril de este año tras la designación del entonces titular del IPS, Dr. Isaías Fretes, cuya auditoría interna permitió actualizar el vademécum de insumos y excluir más de 800 ítems de compra frecuente, además de constatar un daño patrimonial por quirófanos modulares y equipos médicos que terminaron almacenados sin uso en el Hospital Central.

Actualmente, la conducción de la previsional se encuentra bajo la presidencia del Dr. Derlis León, quien asumió el cargo tras el paso de Fretes al Ministerio de Salud, con el firme compromiso de dar continuidad a las auditorías y evaluaciones internas para asegurar el uso eficiente de los recursos de los asegurados.