“Es una amenaza, no solamente lo amenazó a Celso Miranda, sino al director de la DNIT, Óscar Orué, y a un montón de testigos trascendentales”, manifestó el agente fiscal. Agregó que la eventual aplicación de medidas más severas deberá quedar a criterio del Tribunal de Sentencia.

Las declaraciones de Corbeta se produjeron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio oral. El exintendente lo acusa de una supuesta denuncia falsa.

Miranda había presentado una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica municipal. Aunque la investigación fue desestimada, Corbeta explicó que la Fiscalía concluyó que el exconcejal contribuyó a evitar un perjuicio económico para la Municipalidad de Ciudad del Este.

Según el fiscal, a raíz de esa denuncia varios proveedores reclamaron y se terminó anulando una licitación que, de acuerdo con su versión, había sido adjudicada a una empresa que presentó la oferta de mayor costo.

“Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, expresó Corbeta.

El juicio oral por el caso Tía Chela se reanudó este lunes, con la exhibición de documentos relacionados con la firma investigada y otras empresas intermediarias, entre ellas Vanemi SA.

LA CAUSA TÍA CHELA

Prieto está acusado por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, relacionados con la compra de kits de alimentos durante la pandemia del COVID-19.

Según la acusación fiscal, en marzo de 2020 la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó un contrato por G. 2.949.650.000 para la provisión de 25.000 kits destinados a familias vulnerables.

El desembolso se realizó en dos pagos, entre abril y julio de ese año. La Fiscalía sostiene que la orden de pago incumplió el pliego de bases y condiciones, que establecía que los productos debían entregarse en su totalidad antes de liberar los fondos.

El Tribunal de Sentencia que lleva adelante el juzgamiento está integrado por las juezas Yolanda Morel, Karina Rodríguez y Ana Rodríguez Brozón.