El titular de la Cámara Baja explicó que la prioridad de esta revisión parlamentaria será salvaguardar el dinero de la ciudadanía y respaldar la estabilidad del sistema financiero, considerado un pilar clave para el crecimiento macroeconómico del país durante los últimos veinte años.
Insistió en que la credibilidad del sistema bancario debe protegerse ante cualquier escenario de riesgo, por lo que la intervención legislativa buscará acompañar los procesos administrativos y judiciales en curso.
La agenda de la Mesa Directiva incluirá la convocatoria a los sectores e instituciones involucradas para llevar adelante un seguimiento riguroso de los hechos y garantizar que, en caso de detectarse violaciones a la ley, los responsables sean sometidos a la justicia.
Entre las prioridades fijadas para esta evaluación figuran el resguardo directo de los ahorristas, la preservación de la solidez del sistema financiero nacional y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas ante eventuales irregularidades.
Si bien se precisó que el Poder Legislativo no posee competencias directas sobre la administración o supervisión bancaria, la Cámara de Diputados asumirá un rol activo de control político e institucional durante el esclarecimiento de los sucesos.
El análisis de la conducción parlamentaria iniciará en una etapa preliminar del caso, tras los pronunciamientos y resoluciones emitidos por el Banco Central del Paraguay, con la consigna de avanzar mediante una investigación prudente y responsable.