La Fiscalía atribuye a Vázquez un papel central en la estructura investigada. Lo identifica como vicepresidente primero y beneficiario final del banco, además de señalar que controlaba Grupo Vázquez S.A.E. e ITTI S.A.E.C.A., donde habría tenido el 99% de participación accionaria.

La imputación también lo relaciona con MOWI S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., tres empresas que recibieron en conjunto aproximadamente G. 743.784 millones en créditos. Según el documento fiscal, Vázquez fue vicepresidente y accionista de MOWI hasta 2025, mientras que en Grupo M figura como beneficiario final del 60%.

En el caso de Grupo Hendy, MOWI y Grupo M, la Fiscalía sostiene que fueron desvinculadas formalmente de la categoría de empresas relacionadas con Ueno Bank, pero que los vínculos societarios habrían continuado. Pese a esa situación, las firmas siguieron accediendo a préstamos y sobregiros.

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El Ministerio Público señala que las operaciones se habrían concretado sin garantías suficientes y sin que las empresas tuvieran capacidad autónoma de repago. También describe transferencias de los fondos hacia otras sociedades vinculadas, entre ellas ITTI, REDISA y REDIPRO, para cubrir obligaciones financieras.

Otro elemento señalado en la imputación es la presunta existencia de un circuito de repagos entre empresas del mismo grupo económico. Según la hipótesis fiscal, algunas firmas habrían utilizado fondos provenientes de otras sociedades relacionadas para cumplir con sus compromisos crediticios.

La Fiscalía también menciona vínculos societarios y familiares entre personas que aparecen en la estructura de las empresas investigadas. Estos elementos forman parte de la argumentación del Ministerio Público para sostener que existía una red de sociedades relacionadas.

A partir de estos elementos, los fiscales solicitaron la prisión preventiva de Federico Miguel Vázquez Villasanti, al considerar que su posición dentro del banco y sus conexiones empresariales podrían representar riesgos de fuga y obstrucción de la investigación.

La causa investiga presuntos hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.