La presentación formal fue rubricada por los senadores y diputados Éver Villalba, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Johanna Ortega, Esperanza Martínez y Yolanda Paredes, quienes entregaron la nota a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado.

En el escrito —que da continuidad a la primera denuncia hecha en octubre de 2025— los parlamentarios sostienen que la crisis e insolvencia de la entidad no respondería a un hecho aislado, sino a una red de complicidad y omisiones en la administración de los recursos del Estado.

“Este esquema no se sostiene solo; necesitó operadores, cómplices y firmantes que entregaron el dinero del pueblo paraguayo. Por eso denunciamos formalmente ante la Fiscalía a miembros del Directorio del BCP y a quienes estuvieron al frente del IPS, Itaipú, Yacyretá, el MEF, la ANDE, la Caja Bancaria y CAJUBI. Peña y toda esta rosca no solo deben rendir cuentas, ¡deben estar presos por saquear la Patria!”, manifestó duramente el senador Rafael Filizzola al comunicar el alcance de la acción legal.

El documento presentado ante el Ministerio Público solicita la realización de diligencias urgentes, la preservación de evidencias y la acumulación de causas bajo el amparo de los artículos 284 y 285 del Código Procesal Penal.

La ampliación incorpora hechos nuevos sobre el presidente de la República, como elementos vinculados a las denuncias previas por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio, fundamentados en la evolución de las declaraciones juradas de Peña entre 2017 y 2023, su participación en firmas vinculadas al grupo financiero (como Ueno Holding, ITTI, Credicentro y Banco Basa) y el vertiginoso crecimiento patrimonial ligado al sector.

La denuncia exige determinar la responsabilidad penal por omisión o negligencia grave de los miembros del Directorio del BCP y de la Superintendencia de Bancos en los controles e intervenciones oportunas de la entidad financiera.

También requiere auditar de forma inmediata las multimillonarias colocaciones de recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú Binacional, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la ANDE, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja Bancaria y CAJUBI.

Los legisladores opositores señalaron en el escrito que la investigación del Ministerio Público debe esclarecer enfáticamente dos hipótesis de trabajo sobre el rol de los administradores de los recursos del Estado.

El primero es determinar si los directores y consejeros de las entidades públicas depositantes fueron inducidos a error mediante balances fraguados de la entidad financiera.

O bien, esclarecer si los administradores públicos actuaron en complicidad con los directivos del banco intervenido para derivar los fondos hacia la entidad a sabiendas de las irregularidades, en cuyo caso deberán ser imputados como coautores y cómplices del desfalco al patrimonio nacional.

FISCALÍA INVESTIGA

La denuncia presentada por un grupo de parlamentarios ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción fue remitida a la Fiscalía Adjunta a cargo de la abogada Nancy Salomón, para su análisis y la determinación de las acciones que correspondan por parte del Ministerio Público.

La presentación fue realizada en la mañana de este jueves ante la unidad fiscal a cargo del agente fiscal Jorge Arce.

La Fiscalía Adjunta evalúa el contenido de la denuncia a fin de determinar las actuaciones que correspondan en el ámbito de sus competencias.