La denuncia señala que la entidad previsional destinó fondos de los aportantes a inversiones en Ueno Bank basándose en las calificaciones e índices financieros de solvencia y seguridad publicados oficialmente en la página web del Banco Central del Paraguay, pero tras la intervención del banco y la detención de sus directivos, la Cajubi se declaró como víctima de un esquema delictivo que afectó también el patrimonio de los jubilados.
El escrito cita a diversos juristas internacionales para sostener la configuración del delito de estafa. Según fundamenta la querella, se incurrió en una conducta engañosa y fraudulenta que determinó un error en la toma de decisiones financieras de la caja previsional, viciando el consentimiento de las autoridades al momento de colocar el capital que debía garantizar los haberes jubilatorios de los funcionarios de Itaipú Binacional.
Además, la representación legal remarcó que los administradores de la Cajubi se encontraban obligados a invertir los aportes de los asociados para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los fondos y protegerlos contra la devaluación del dinero.
Para dar cumplimiento a las normas internas de seguridad financiera, las autoridades basaron sus dictámenes en los informes del propio ente regulador antes de adoptar la decisión de inversión como última opción administrativa.
La querella solicita al Ministerio Público que reconozca a la Cajubi en calidad de víctima y tenga por presentada la denuncia penal contra las exautoridades de ambas instituciones.