La diligencia se encuentra en pleno desarrollo y forma parte de las actuaciones investigativas impulsadas por el Ministerio Público para recabar elementos vinculados a las causas abiertas en el marco del caso.
El Banco Central del Paraguay (BCP) presentó una denuncia penal de más de 200 páginas (con 2.000 páginas de respaldo) tras iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank debido a una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50%.
El fiscal general Emiliano Rolón Fernández designó un equipo de fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), coordinado por la fiscal adjunta Nancy Salomón, e integrado por fiscales como Jorge Arce, Yeimy Adle, Francisco Cabrera y Silvio Corbeta.
La Fiscalía abrió causas penales que incluyen denuncias contra el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, exministros, directivos de Ueno Bank y autoridades por el manejo de los fondos públicos (como recursos de la Caja Fiscal y del IPS).
Además se realizaron allanamientos y constituciones fiscales, como la intervención en la sede del BCP y en firmas vinculadas como ITTI.
Los parlamentarios de la oposición presentaron una ampliación de la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso ueno bank.
La denuncia se extiende formalmente contra el expresidente del BCP, Carlos Carvallo, el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y los demás miembros del Directorio por presunta lesión de confianza, por la omisión de controles oportunos y supuestos tratos de privilegio hacia la entidad.
Además los denunciantes solicitan investigar a los responsables de entes estatales que autorizaron la colocación masiva de dinero público en el banco. Se cuestiona especialmente al Instituto de Previsión Social (IPS), que flexibilizó sus reglas financieras para aumentar sus depósitos en ueno de G. 80.000 millones a más de G. 2,2 billones, así como a Itaipú, Yacyretá, el MEF y la ANDE.
El escrito detalla que la Superintendencia de Bancos detectó excesos de créditos con empresas vinculadas desde principios de año y que, pese a informes técnicos internos que calificaban las maniobras como “operaciones prohibidas” y advertían sobre el déficit de solvencia, las autoridades del BCP postergaron las medidas correctivas.
Los opositores piden también profundizar la indagación sobre el presidente de la República con base en la evolución de sus declaraciones juradas y sus vínculos históricos de participación accionaria en empresas asociadas al grupo financiero.