La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los principales directivos de ueno bank S.A.

La presentación judicial, ingresada formalmente en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, apunta directamente contra Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale Cardoni, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Isabel Torres Rubiani, Miguel Ángel Almada Frutos, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, además de incluir a otras personas o autoridades vinculadas que surjan de la investigación.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en el escrito judicial, el Senave efectuó sendas colocaciones de recursos públicos institucionales amparados en las normativas del Presupuesto General de la Nación 2026 y las evaluaciones técnicas correspondientes a seguridad, liquidez y rentabilidad.

En caja de ahorro a la vista la institución destinó la suma de 20.000 millones de guaraníes y en depósito a plazo fijo colocó otra partida idéntica por valor de 20.000 millones de guaraníes.

En total, la institución gubernamental expuso un capital de 40.000 millones de guaraníes, confiando en la supuesta solvencia financiera y calificación de riesgo que la entidad bancaria ostentaba antes de ser intervenida y sometida a un proceso de resolución por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) el pasado 2 de noviembre.

Los representantes legales del Senave sostienen que la institución obró de buena fe basándose en balances y declaraciones que catalogan de falsas respecto al verdadero estado financiero del banco.

En ese sentido, solicitan a la Fiscalía investigar la posible comisión de los hechos punibles de Lesión de Confianza (Art. 192), Estafa (Art. 187), Conducta Conducente a la Quiebra (Art. 178) Conducta Indebida en Situación de Crisis (Art. 179), Asociación Criminal y otros delitos que deriven de las pesquisas.

La denuncia incorpora además un compendio de documentaciones respaldatorias —tales como resoluciones internas, informes técnicos financieros de la Dirección de Finanzas del Senave y actas de colocación— con el propósito de que el Ministerio Público impulse las diligencias necesarias, determine las responsabilidades penales individuales y formule las imputaciones correspondientes.