Según explicó el fis­cal Édgar Sánchez, el Tribunal de Sen­tencia había marcado para el 17 de octubre del año pasado el inicio del jui­cio oral y público que era un día lunes. Sin embargo, el viernes 14 de octubre, a las 13:00, la Sala Constitu­cional pidió el expediente principal y desde ese día, 14 de octubre del año pasado, está en la Corte y, obvia­mente, sin ninguna reso­lución hasta hoy día.

Sánchez recordó que la Sala Constitucional debía resol­ver una acción de incons­titucionalidad planteada por la defensa de Alegre, primero contra el proceso mismo y luego contra la ele­vación de la causa a juicio oral y público. Desde octu­bre del año pasado, el expe­diente se encuentra cajo­neado sin que se le haya dado trámite hasta hoy, lamentó el fiscal, puesto que ni siquiera se corrió el traslado de los plantea­mientos. “Creo que todo depende de los resultados del fin de semana para que se tome una decisión al res­pecto”, se sinceró el agente del Ministerio Público.

Cabe mencionar que la Sala Constitucional de la Corte está integrada nada menos que por el presidente de la Corte, Óscar Diesel; el ministro Víctor Ríos, refe­rente del PLRA, y el recien­temente electo ministro, Gustavo Santander.

ANTECEDENTES DEL CASO

Consultado sobre los ante­cedentes del proceso, el fis­cal Sánchez explicó que todo se había iniciado en Ciudad del Este cuando los apoderados, que debían ren­dir cuenta del dinero reci­bido del PLRA, lo hicieron con facturas de una estación de servicios por un monto muy superior al que real­mente se había elaborado ese documento y, obvia­mente, esa rendición de cuentas fue avalada por el presidente del partido, en ese entonces Efraín Alegre, quien suscribe la presenta­ción ante la Justicia Electo­ral. “A través de una casa de cambios, los apoderados del PLRA recibieron 450 millo­nes de guaraníes entregados por el partido y ellos al pre­sentar la rendición de cuen­tas presentaron una factura por G. 98 millones; por ello, tres personas fueron impu­tadas”, relató.