El comunicado refiere que todo el proceso electoral de nuestro país se rige por mandatos y normas constitucionales y legales. “En Paraguay, el voto es individual y secreto, pero el escrutinio es público y fiscalizado, según lo impone el art. 118 de la Constitución. Por su parte, la legislación que regula los procesos electorales, establece que dichas etapas tienen plazos perentorios e improrrogables”, dice el pronunciamiento.
Indican además que para cada elección, y en particular las nacionales, se establecen mesas de votación conformadas por representantes de los diversos partidos y movimientos políticos en pugna. “El escrutinio, es decir el control de la cantidad de boletines de votos emitidos válidamente, es atribución exclusiva y excluyente de los miembros de mesa y debe realizarse en el mismo día y en el mismo recinto donde fueron realizados los comicios”, agregan.
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Exponen asimismo que las normas electorales establecen claramente que, el conteo se realizará de manera continua, ininterrumpida y a viva voz; y que una vez concluido el proceso de conteo se da la oportunidad para que los miembros de mesa o veedores objeten cualquier tipo de irregularidad que hayan percibido, luego de ello, todo lo anteriormente indicado se plasma en actas que son guardadas en su respectivos sobres.
“Desde el año 2019, las papeletas de votación usadas o no durante la jornada electoral, son depositadas en un sobre separado denominado “cuarto sobre”; ello, en función al resguardo que la Ley 6318/19 establece en relación a dicha papeletas”, explican.
Subrayan que en el sistema electoral paraguayo no existe la figura del recuento de votos posterior al escrutinio cuyo resultado se halla estampado en las respectivas actas electorales; la etapa que legalmente corresponde llevarse adelante es el del juzgamiento de la validez de las respectivas actas de mesa. Cualquier tipo de cambio al sistema electoral, requiere de una modificación legislativa o en su caso constitucional.
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“El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay insta a los partidos, movimientos, actores políticos y ciudadanía en general, a respetar el proceso electoral en marcha, a presentar los reclamos de manera pacífica en las etapas y por los medios pertinentes; y a aguardar vigilantes el resultado de las elecciones, conforme al juzgamiento de las actas, del que resultarán proclamadas las autoridades electas en los últimos comicios generales”, insisten.