El inicio de la nueva administración del Ministerio de Justicia trajo consigo algunos anuncios de cambio y ciertas acciones concretas, en estos casi dos meses de gestión.

El pasado 28 de septiembre, Barchini resolvió cambiar al director de Tacumbú. Nombró a Luis Esquivel en reemplazo de Manuel Garay. Se dio luego de la confirmación de que Gregorio Papo Morales consumía cocaína dentro del penal.

Días después, el martes 2 de octubre, Barchini reveló en una reunión del Consejo de ministros, un plan que podría implicar pérdidas de vidas humanas, y que pretende emprender para recuperar el control de Tacumbú, actualmente en manos del clan Rotela.

Sobre el punto, indicó que, dentro de su propio entorno existen funcionarios que filtran las informaciones a favor del clan Rotela, cuyos integrantes se enteran de todas las conversaciones confidenciales que mantiene con las autoridades.

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Uno de los pedidos para solucionar el gravísimo problema es el uso del polígrafo para detectar quiénes mienten.

Esta serie de medidas y anuncios, que, podrían describirse como el inicio de una pulseada para que el Gobierno retome el control de la situación penitenciaria, que generó reacciones del clan Rotela.

Ayer se pegaron el “lujo” de convocar a la prensa para mostrar un video y demostrar que Oliver Lezcano está vivo y que no fue secuestrado ni asesinado por el clan, como lo llegó a insinuar Barchini. Aquí recibieron el primer “no” a sus caprichos, pues las autoridades penitenciarias no permitieron el acceso a los medios, por tratarse de un simple capricho de los reclusos, que no tienen derecho alguno a disponer lo que se debe hacer en el penal.

Posteriormente, el Ministerio comunicó que Lezcano efectivamente se fugó del penal, hipótesis que, de hecho, ya fue mencionada por el Gobierno como la más potable, semanas atrás.

Inicialmente la exigencia era que el ministro Barchini se presente. Sin embargo, ahora le agregaron otros “pedidos innegociables”, es decir, cuyos incumplimientos implican que continuarán reteniendo a 22 guardiacárceles y al director del penal.

Las exigencias son: la reapertura de Tacumbú a nuevos ingresos, el traslado a Tacumbú de los ‘soldados’ del clan Rotela recluidos en cárceles del interior y la suspensión definitiva de la intervención que se pretende hacer en Tacumbú.

En síntesis, todas las “exigencias” de los Rotela son en contra de todas las medidas contempladas por el Ministerio para que el Estado retome el control penitenciario, como corresponde.

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