Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora
Un sinfín de emblemáticos casos de corrupción de la actual administración del Estado podría quedar en la nada teniendo a un designado en la Fiscalía General del Estado “a la medida”.
La persona que sea designada como Fiscal General del Estado nacerá con las manos atadas, a merced del oficialismo, al ser una directa imposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Con esta definición en el Ministerio Público, numerosos casos de corrupción que se cometieron durante los últimos años podrían ir al opareí.
Fueron varios los actos entreguistas cometidos por el Gobierno de Mario Abdo Benítez, siendo el más escandaloso el acuerdo secreto de Itaipú firmado en mayo del 2019, que contemplaba que Paraguay debía comprar más energía segura, a mayor costo, comprometiendo la adquisición de excedentes a menor costo.
Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil, que implicaba el pago de 7 millones de dólares a favor de la empresa argentina. En este caso, aparecieron Sergio Coscia, Denis Lichi y Juan Ernesto Villamayor como las figuras detrás del pacto, pero solo el primero fue apartado del cargo.
Otro acuerdo entreguista fue el de Petropar y la firma Texos Oil.
Durante la pandemia se registraron sonados hechos de corrupción: como el de los tapabocas de oro adquiridos por la DINAC, las botellas de agua tónica “anticovid” comprados por Petropar durante la gestión de Patricia Samudio, la megaescandalosa compra de Salud de los insumos chinos al clan Ferreira, la fallida compra de las vacunas con el mecanismo Covax, la tardanza en la inmunización de la población que pudo evitar miles de vidas si se hacía a tiempo, el uso de los 1.600 millones de dólares a discreción por el Ejecutivo en el marco del combate a la pandemia, entre otros.
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Otros emblemáticos casos de corrupción se dieron en el IPS (con las licitaciones direccionadas, incumplimiento de contratos para la limpieza de sus sedes, la falta de medicamentos, y la negligencia médica), en el INDERT (con las coimas para regularización de tierras), en el MOPC (con la cuestionada pasarela de Ñanduti, las sobrefacturaciones y los contratos de consultores VIPS en la administración de Arnoldo Wiens).
Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor.
Ante el récord de envío de cocaína al extranjero durante la actual administración, no pueden dejarse de citar los vínculos narcos del Gobierno de Marito, con Arnaldo Giuzzio a la cabeza, seguido del actual precandidato presidencial Arnoldo Wiens. A ambos políticos se los ligó con el presunto narco detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, y además estuvieron envueltos en una “oscura” reunión con el narcotraficante Ezequiel de Souza.
Otra importante figura del entorno presidencial que habría estado implicada en casos de corrupción es Juan Ernesto Villamayor, como el escándalo internacional de PDVSA por un intento de arreglo de la deuda con Paraguay; el pedido de sus exsecretarios de una coima de USD 2 millones para impedir que Darío Messer sea extraditado al Brasil; y la cancelación de la visa por orden de Estados Unidos.
No pueden dejarse de citar los vínculos narcos del Gobierno de Marito, con Arnaldo Giuzzio a la cabeza.
Así también, el exministro de Urbanismo, Dany Durand, evitó la apertura y un manejo transparente del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis) e incluso llegó a instar a escrachar a los diputados que pretendían modificar ese fondo.
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Los casos más recientes del Gobierno fueron la rebaja de la tarifa de Itaipú para beneficiar a Brasil, y la venta de combustible más barato a los bolivianos, dejando de lado a los ciudadanos paraguayos.
El presidente de Copaco, Sante Vallese junto a Diego von Stauffenberg, vocero oficial de Rivada Networks, firma que planteó la operación de arrendamiento del espectro de Vox.
Esta semana saltó otro acuerdo entreguista relacionado al arrendamiento del espectro de VOX-Copaco en favor de una empresa extranjera por valor de US$ 10 millones durante 20 años. Este acuerdo fue manejado en forma secreta y viola la ley de telecomunicaciones.
No existen las garantías que estos emblemáticos hechos de corrupción, solo por citar algunos, sean investigados por la Fiscalía en marzo del año que viene cuando entre en funciones la nueva autoridad afín al presidente Mario Abdo Benítez.