“No quiero ni voy a regresar a Colombia, lugar donde mataron a mi esposo, y donde mi hijo y yo pudimos haber muerto”, expresó en una declaración Claudia Aguilera, viuda del fiscal antidrogas Marcelo Pecci, víctima de un atentado perpetrado el 10 de mayo de 2022 en una playa de Cartagena de Indias cuando disfrutaba de su luna de miel.
“Deseo expresar mi disconformidad con la decisión de la Corte Constitucional Colombiana de hacer obligatorios los juicios presenciales, decisión que abiertamente trasgrede mis derechos como víctima madre y mujer”, remarcó.
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En su declaración, la mujer sostuvo que tampoco se encuentra en condiciones de costear el viaje. “No es justo que no podamos estar enterados en vivo y en directo de este juicio como lo hicimos hasta ahora”, manifestó.
Aguilera hizo un llamado “a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos para que tomen las medidas y se nos permita seguir presenciando este juicio desde mi país, en vivo y en directo, como es nuestro derecho”.
Elogió la labor de la Fiscalía General de la Nación de Colombia “para que la investigación se haya llevado de manera muy profesional” y lamentó el condicionamiento que le impone la Corte porque dijo que “afecta seriamente mis derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Sus declaraciones coinciden con el inicio de un juicio oral contra Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, acusada de haber ordenado el crimen y de quien se espera pueda dar pistas de un posible autor intelectual en Paraguay, a cambio de una reducción de la pena.
“Ella sabe quién fue” (el autor intelectual) dijo en declaraciones a la AFP, el padre del fiscal asesinado, Francisco Pecci Manzoni, un conocido ex juez ya jubilado.
A la investigación solo le resta encontrar al mandante, el autor moral del sonado crimen del fiscal.
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