Al respecto, Marco Elizeche, ministro sustituto, instó al Poder Legislativo a ser responsables en el proceso de estudio ya que se trata de un Presupuesto de transición que afectará al gobierno actual y al entrante.
Asimismo, detalló que existen tres aspectos que preocupan en demasía, por un lado, los aumentos salariales a diferentes instituciones y sectores; las asignaciones de beneficios e indemnizaciones como es el caso de los ex trabajadores de Itaipu y, en tercer lugar, las creaciones de cargos.
Advirtió que se debe tener mucho cuidado con los gastos rígidos, ya que cuando más rígido es el Presupuesto, menos margen queda para invertir en otros programas sociales que son prioritarios como salud, educación e infraestructura.
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“Tenemos muchos desafíos por delante. Debemos generar espacios para financiar infraestructura que en años anteriores fueron impulsados con deudas. En Salud, debemos mantener la estructura que se creo tras la pandemia, lo que representa un presupuesto casi duplicado y también tenemos el aumento comprometido con los docentes”, agregó.
En otro momento, dijo que es necesario que nos adaptemos a las proyecciones de ingresos con que se cuenta y más en un contexto donde dichos ingresos fueron disminuidos considerablemente, ya que durante el periodo de pandemia se dejó de recaudar unos USD 800 millones.
En cuanto a los proyectos de aumentos que se encuentran a instancias del Congreso Nacional y que representarían unos USD 1.800 más, señaló que de proseguir con su aprobación, traería varias consecuencias que amenazarían la estabilidad macroeconómica.
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“Gracias a 20 años de estabilidad macroeconómica tenemos una buena reputación con organismos multilaterales y estamos a un paso del grado de inversión. Grado de inversión significa la mejor calificación que puede tener un país, si perdemos esa oportunidad, el impacto se va a sentir en todos los sectores ya que representa menos inversiones extranjeras y por ende menos generación de fuentes de trabajo”, lamentó.
Finalmente, advirtió que si las iniciativas siguen y se aprueban, no se podrá cumplir con la meta de convergencia Fiscal, no se dará el paso al grado de inversión o incluso, el Fisco dejaría de tener recursos para cumplir con sus compromisos.