A través de una nota con fecha del 27 de diciembre, la Contraloría General de la República remitió al IPS una solicitud de informes y documentos sobre el préstamo para pagos con proveedores de insumos, medicamentos, productos e instrumentos médicos y de laboratorio, adquiridos por la institución
Ese mismo día, el IPS contestó que no podrá cumplir con el pedido. “Debemos puntualizar que se siguen realizando procesos de pagos a los proveedores y una vez realizados dichos procesos se remitirán todos los antecedentes relacionados a las mismas”, argumentó.
La administración del IPS pidió una prórroga de 20 días hábiles para emitir el informe y además, una “consideración especial al señor contralor”, teniendo en cuenta la magnitud, complejidad y el volumen de documentaciones que maneja el instituto.
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En declaraciones a la 730 AM, el contralor Camilo Benítez sostuvo que “ni ellos saben lo que deben” y calificó el hecho como la corrupción en su máxima expresión y como algo gravísimo.
Añadió que ante la negativa del IPS a enviar las documentaciones, amerita tramitar una orden de allanamiento para conseguir lo solicitado.
A través de una ley sancionada con intenso lobby Arnaldo Samaniego y del oficialismo colorado, el IPS está autorizado a contraer préstamos para cubrir una deuda de unos 260 millones de dólares con proveedores. La legislación establece que el pago se hará mediante la quita de hasta el 5 % anual del Fondo de Salud y Maternidad, actualmente deficitario.
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