El primer grupo que llegó muy temprano al Palacio de López fue el encabezado por el ingeniero Pedro Halley, en su momento gerente de prestaciones económicas del IPS, quien entregó una nota que contiene los argumentos jurídicos sobre por qué la Caja de Jubilaciones también está en riesgo, pese a que el proyecto disponga que los créditos se paguen con el presupuesto de Salud.
En conversación con radio Universo 970 AM – Nación Media, Halley detalló que la solicitud de objeción total fue firmada por todas las asociaciones y federaciones de jubilados, sindicatos de profesionales y asociaciones médicas.
“La ley no tiene monto, es un cheque en blanco, autoriza a tomar una deuda que no tiene tope, tampoco tiene límite cuantitativo, pueden ser una, cuatro o 10 operaciones financieras”, advirtió Halley.
Añadió que la garantía que se incluirá dentro de la fiducia implica las transferencias de las propiedades o de los bienes y títulos que se dejarán como garantía.
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También esta mañana acudió otro grupo con el mismo pedido, pero con otra nota. El documento fue firmado por la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), solicitando al mandatario el veto total a la ley sancionada por el Congreso.
El proyecto dispone en el artículo primero, que el IPS solicite al Banco Nacional de Fomento, entidades del sistema nacional o internacional, la apertura de líneas de crédito a mediano y largo plazo.
El límite del total anual de las cuotas no podrá exceder el 5 % del presupuesto anual asignado para el ejercicio fiscal en el que se realice la operación financiera. Los pagos se cubrirán únicamente con recursos del Programa de Enfermedad.
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