El funcionamiento de la Itaipú y el manejo de los recursos financieros están acordados por los estados parte, a través del tratado internacional, que posee prevalencia sobre cualquier tipo de ley ordinaria que pueda salir del Congreso paraguayo o brasileño.
Así lo explicó el mandatario Mario Abdo Benítez en conferencia de prensa, tras anunciar el veto total a la ley que indemniza a los extrabajadores.
Añadió que los 940 millones de dólares representan un costo muy elevado y que, el Ejecutivo no puede ser responsable de un proyecto que genere un impacto económico tan grande.
“Tal vez pueden ser reclamos justos, vamos a seguir con la predisposición de tener una buena mesa de diálogo”, afirmó Abdo Benítez.
Tanto los mecanismos de pago como los montos reclamados son inviables y no corresponden, ya que los extrabajadores pertenecían a empresas contratistas de Itaipú, es decir, no tuvieron relación laboral directa con la entidad, según Manuel María Cáceres, director de Itaipú, y Juan Rafael Caballero, director jurídico.
Los 940 millones que pretenden distribuirse entre 15.000 personas, obligarían a suspender transferencias al Estado Paraguay, inversiones sociales y otros ítems.