A propuesta de la senadora de Patria Querida, Georgia Arrúa, fue tratado y aprobado ayer el proyecto de ley que modifica el artículo 290 de la Ley N° 834 ‘Que establece el Código Electoral Paraguayo”. Dicho artículo se refiere a los plazos que limitan y prohíben la propaganda electoral realizada por los partidos y movimientos políticos o alianzas en fechas previas a los comicios electorales, sean internas o generales.

Actualmente la legislación establece que la propaganda electoral se extenderá por un plazo máximo de 120 días, contados retroactivamente desde dos días antes de los comicios en los que, están prohibidas toda clase de propaganda electoral. En los comicios internos de los partidos políticos la propaganda electoral no podrá exceder de 60 días.

Con la propuesta de Arrúa, la propaganda electoral en los comicios internos de los partidos políticos no podrá exceder de 90 días. También se disponen sanciones pecuniarias para los candidatos que violaran la ley y prevé que el Ministerio Público deba actuar de oficio o a petición de parte.

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Entre las modificaciones introducidas se incluye la incorporación de la palabra “concertación” al primer párrafo del proyecto, la unificación de los plazos de propaganda electoral en la vía pública y medios masivos de comunicación, donde sostienen que, con la venida de las redes sociales la Ley “De Desbloqueo” como forma de hacer política ha cambiado y por lo tanto los candidatos precisan mayor tiempo para informar sobre sus propuestas que irían desde el día siguiente de la oficialización de su candidatura hasta 48 horas antes del día de los comicios.

El candidato que realice la propaganda electoral fuera del plazo establecido será pasible de una multa de 100 jornales mínimos, por cada medio utilizado para difundir esa propaganda, en efecto se deberá contabilizar tipo y cantidad en cada caso. El monto total de la multa aplicable a la organización política será dividido de lo que eventualmente le corresponda en concepto de subsidio electoral. Además, estas multas serán incorporadas al presupuesto del TSJE para la inversión en tecnología.

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