Miguel Prieto y otras 10 personas más están imputadas por las compras irregulares de 25.000 kits de alimentos realizadas durante la pandemia. La fiscalía pidió la prisión domiciliaria de todas ellas.
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“El pedido de arresto fue una decisión tomada en conjunto. Analizamos, principalmente, si existe un peligro de obstrucción a la investigación siendo que todas las documentaciones se hallan a cargo de su administración“, expresó el fiscal Silvio Corbeta, uno de los agentes que está investigando el caso, en conversación con GEN/Nación Media.
Comentó que los documentos más importantes del caso ya están en poder del Ministerio Público y habían sido incautados por los fiscales de Ciudad del Este cuando inició el proceso contra el intendente esteño.
Silvio Corbeta comentó que el pedido de arresto incluye ciertas prohibiciones, como comunicarse con otros funcionarios de la municipalidad. Agregó que más personas podrían sumarse a la imputación.
“No descartamos que hayan más involucrados. Además, hay otras causas que se irán procesando en su momento. Hay 20 denuncias, esta es solo la primera” remarcó.
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