El 4 de junio del 2022, el sicario Francisco Correa mencionó las palabras narcotraficante paraguayo y un presidente o expresidente, datos que surgieron de repreguntas durante su declaración.

En ese tren de cosas, se le consultó en detalle los nombres de estas personas, pero él contestó que desconocía las identidades, en ningún momento dijo que no las recordaba.

Sin embargo, durante el juicio de ayer, Correa habló de Miguel Insfrán y de Horacio Cartes, pese a que, durante un año se mantuvo incomunicado con sus secuaces que participaron del crimen de Marcelo Pecci.

Esta incoherencia coincide con el dato revelado por el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, quien compartió un mensaje que recibió de parte de una alta autoridad colombiana a la que, por respeto y discreción, no puede mencionar.

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“La verdad es que Francisco Luis en este momento tiene en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él conoció, de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa locales e internacionales, y de las teorías especulativas que se generan en los medios”, expresa el mensaje de la autoridad colombiana, que lo leyó el propio Doldán al aire, en una entrevista con Abc Cardinal.

Para el fiscal Doldán, esta comunicación es contentiva y reúne en sí la aclaración perfecta del estado procesal actual respecto a lo que Francisco Correa otorga.

La nueva acusación que, para la propia Fiscalía paraguaya de Asuntos Internacionales, carece de sustento, se anota en el largo historial de ataques que se vienen encadenando desde la administración de Mario Abdo Benítez, con apoyo foráneo, el cual, a su vez, se nutrió de instituciones estatales paraguayas, bajo la batuta de Abdo.

Informes espontáneos y sin valor probatorio fueron enviados desde Seprelad a EE.UU. tres meses antes de las “designaciones” hechas por el país norteamericano.

Documentos oficiales confirman que información parcial y sin valor probatorio fue utilizada para la persecución política. Recortes de prensa con información imprecisa y datos erróneos se presentaron como “investigación” de Seprelad. La institución, a cargo de Carlos Arregui, aprovechó el acceso a datos confidenciales para “dibujar” un supuesto esquema ilícito.

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